El PP pide que se sumen a las NUR las demandas de los ayuntamientos.

• El PP responsabiliza al Gobierno de la «parálisis» en el urbanisno municipal.

El Partido Popular hace un llamamiento al Gobierno para que «cambie de actitud» y aproveche la anulación judicial de las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) para dar participación a los ayuntamientos afectados y consensuar con ellos las directrices de estas normas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló el pasado lunes las NUR por no haber sometido a información pública su evaluación de impacto ambiental. Habían sido recurridas por una decena de ayuntamientos de diferente color político. La secretaria general del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, admitió que la sentencia no entra a valorar los argumentos «de fondo» de los ayuntamientos pero advirtió al Gobierno que no haga «lecturas interesadas» porque ello no implica que el tribunal «bendice» los contenidos de las NUR. Es más, alertó de los riesgos que entrañará el recurso ante el Supremo anunciado por el Gobierno. Esto, a su juicio, conllevará una situación de «inseguridad jurídica», porque los ayuntamientos no sabrán a qué atenerse mientras se resuelve, o bien provocará nuevos recursos y sentencias que anulen la aplicación de las NUR en este periodo.

Sáenz de Buruaga opinó que el recurso es una decisión «errónea y poco inteligente». Por todo ello, el PP se muestra partidario de aprovechar el hecho de que la tramitación de las NUR debe repetirse para subsanar los defectos alegados por los ayuntamientos y eliminar los artículos que suponen una extralimitación de las NUR y aquellos que invaden las competencias municipales. Junto a ello, el PP plantea que los municipios dispongan de un periodo transitorio para aplicar las normas, tal como reclamaron en su día, y el compromiso del Gobierno de desbloquear la situaciones de los planes generales de urbanismo.

Varapalo judicial.

A juicio de Sáenz de Buruaga, la sentencia del TSJC es «un nuevo varapalo judicial» al Gobierno, que «se carga de un plumazo el sistema de planificación urbanística» de los 29 ayuntamientos a los que afectaba de forma directa. La secretari general del partido popular consideró que esta situación revela el «fracaso» de la política urbanística del Gobierno PSOE-PRC, que sólo ha sido capaz de aprobar en cuatro años tres planes generales, aún no ha concluido el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y es responsable de que los planes generales sigan sin adaptarse a la Ley del Suelo y al POL. En este sentido, lamentó que la política urbanística del Gobierno está «lastrada» por la ruptura del consenso con el que se aprobó la Ley del Suelo que ha sido modificada en tres ocasiones de forma unilateral por el Ejecutivo regional. La consecuencia es, dijo, «una política carente de diálogo y sobrada de prepotencia, que ha hecho de la agresión a los ayuntamientos y a su autonomía municipal su seña de identidad».