El Ayto. de Suances malgasta el dinero de los vecinos.

Uno de los puntos del día del pleno de ayer jueves, fué el reconocimiento extrajudicial de crédito del equipo de gobierno socialista. para que todos nos entendamos, reconocer la deuda que contraen con provisionistas encargando obras sin tener nada presupuestado.

Desde las filas populares nos oponemos a este tipo de chanchullos (porque no tiene otra denominación), y decíamos en la intervención "llevamos desde el año 2005 con reconocimiento extrajudiciales anuales, y la única explicación a este hecho es que Vds. no saben gestionar el dinero de esté ayuntamiento, realizan una nefasta y anormal gestión del erario público municipal".

• en el 2005 de 577.721,40€ (cerca de 100 millones de ptas)
• en el 2006 1.009.916,81€ (más de 168 millones de ptas)
• el año pasado en el último pleno de la anterior legislatura, pues más de lo mismo, 828.428, 75€ (cerca de 140 millones de ptas).
  

"Ya en el primer reconocimiento extrajudicial, el informe de intervención era claro, tan claro como el de ahora: contratos en fraude de ley, facturas por conceptos similares a los ya contratados, o realización de obras en las iglesias que no corresponden a este ayuntamiento pagarlas.

"Y no lo dice este grupo solamente, sino que la intervención en su informe dice que “la operación que se propone tiene por finalidad suplementar unas partidas en las que el crédito previsto resulta INSUFICIENTE y no puede ser objeto de ampliación, y efectuar crédito extraordinario en aquellas otras para las que no existe crédito en el presupuesto”.

¿Pero quién es el responsable o los responsables de este hecho? Vd. Sr. Alcalde y su anterior compañero de viaje. Él mismo que hoy le va a aprobar este reconocimiento, por un hecho evidente, parte de estas facturas son debidas a su calamitosa gestión. Nos parece a este grupo municipal, una situación inaceptable, de auténtico despilfarro, a vds. no les vale con nada, incluso subiendo los impuestos los últimos años por culpa de socialistas y regionalistas.

Desde este grupo municipal no le vamos a permitir este despilfarro de los recursos del municipio, a ver si se enteran de una vez, que no son suyos, que son de nuestros vecinos, vecinos que les han votado a Vds, y a nosotros, a todos nosotros para que gestionemos el ayuntamiento, no para que nos creamos dueños y señores de ello. La confianza que nuestros vecinos han depositado en nosotros no es para realizar gestiones tan deplorables como estas.

No tenemos que recordarles que la propia intervención emite reparos a las facturas que estamos debatiendo; reparos muy claros y concretos, reparos que hablan de que vds están contratando con fraude de ley mediante fraccionamientos de facturas con objeto de no sacar contratos a concurso, para así evitar ciertas “formalidades” de contratos mayores, y de esta manera, adjudicarlas a “dedo”; o reparos que nos hablan que pagamos más de una vez por lo mismo o simplemente por lo que ya tenemos contratado. El descontrol es permanente y continúa desde el 2005.

¿Qué utilizan vds., el talón de suministros? O les dan las contratas a sus “amigos”?. Y entonces este desmán, ¿lo van a pagar ahora nuestros vecinos?. Vergonzoso.

Y no nos diga que lo que nos pasa es que no nos gusta como gastan Vds. el dinero, el problema es que no tiene un patrón de gasto, de inversiones, Vds. sólo entiende de dilapidar todo lo que cae en sus manos.

Y si hablamos del presupuesto, un presupuesto que aunque está prorrogado, Vds. fueron los que lo redactaron. Esto demuestra una vez más que sus presupuestos son ficticios, un engaño, pues nunca se cumplen nada de lo que presupuestan, siempre acaban con suplementos, modificaciones u otras variedades contables de créditos. Y no estamos hablando de 4 perras gordas, estamos hablando en este caso del 25% del presupuesto, de 1.450.012,77€; pero … qué han hecho Vds con el dinero de nuestros vecinos?. Se da cuenta de que esta deuda se contrae con cargo al presupuesto del futuro?. Se dan cuenta que están hipotecando el futuro de nuestro pueblo?.

Nuestro grupo, el grupo municipal popular no se lo va a permitir, les vamos a exigir que traiga un presupuesto, pero un presupuesto realista, serio, efectivo y tangible, ajustado a la realidad de nuestro municipio, de nuestros vecinos, un presupuesto sin trampas, sin engaños, sin ficciones, donde realmente se vea lo que gastamos y donde gastamos el dinero de nuestros vecinos.

Les recordamos a todos los concejales que no es nuestro dinero, que es de nuestros vecinos, vecinos a los que les inflan a impuestos para que luego se despilfarre lo recaudado.

Impuestos que les recuerdo los vecinos de Suances han soportado con importantes subidas en todas las facturas: agua, luz, basura, etc., encarecimientos muy por encima del tan ansiado y cacareado por Vds. IPC. Casi un 80% en la basura, desde el año 2005, o en el agua donde hemos pasado de pagar 23,98€ en el año 2003 a 44,43€ el año pasado con el mismo consumo, para ser claros, un 85,28% más. Y del IBI? La subida es de más del 200%, de 186€ a 596€, q más quieren subir?.

No necesitamos gestores como Vds. que no hacen más que subir impuestos y no les satisface, Vds. más y más, y más.

Y les volvemos a recordar a todos Vds. que no es su dinero, que es el dinero de nuestros vecinos, de sus amigos, de sus familiares; vecinos que han depositado su confianza en nosotros, en los 13, para que gestionemos el dinero de este ayuntamiento con rigor, seriedad, transparencia y honradez, sin alegrías. No vamos a permitir desde este grupo municipal que se tome el pelo a los vecinos de Suances, nos hayan votado o no.

¿Qué han hecho con el dinero del periodo de bonanza económica? ¿De las licencias urbanísticas? En lugar de congelar los impuestos los subieron, la presión fiscal que Vds. sometieron a los vecinos era injustificada y escandalosa; por eso mostramos nuestra preocupación y nuestro rechazo más rotundo a su política fiscal insolidaria, injusta y antisocial, y Vd. se llama socialista?. Vd. sólo conoce una política social: SUBIR IMPUESTOS.

A Vds. regionalistas y socialistas no les alcanza con nada, manejan un presupuesto de cerca de 6 millones de €uros y que año tras año le es insuficiente para hacer frente a tanto derroche del dinero público. Pero lo más dramático de todo esto es que con todo este dinero de subidas de impuestos, de licencias urbanísticas, de dinero de los bancos, ni del ayto se traducen en proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos, sino para seguir soportando un nivel de gasto corriente insostenible, o sea, improductivo, lo que demuestra una gestión municipal desastrosa.

Por eso nosotros les acusamos de una nefasta gestión de los dineros públicos, de hipotecar los ejercicios y las generaciones futuras, con un único fin, continuar su política de bailes, fiestas, chorizadas y sardinadas, asesorías y publicidad y propaganda, en detrimento de lo que necesita nuestro municipio: piscina municipal, residencia de ancianos, complejo deportivo, saneamiento integral, adquisición de suelo, etc.

El Partido Popular se adhiere al “Manifiesto por la lengua común”.

El Partido Popular se adhiere al “Manifiesto por la lengua común” en el que se solicita al Parlamento español “una normativa legal del rango adecuado” que garantice los derechos educativos y cívicos de quienes tienen el castellano como lengua materna o la eligen, con todo derecho, como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons firmaron el manifiesto a través de la página web de elmundo.es.

Rajoy ha manifestado en diversas ocasiones que el Grupo Popular en el Congreso presentará una proposición de ley para garantizar el derecho a utilizar el castellano en toda España, tal y como recogía el programa electoral con el que el partido se presentó a las elecciones generales.

Manifiesto por la lengua común
Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección
institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que
también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible
de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada
para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal
artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc…en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

El PP califica de “abusiva” la subida en la tarifa de la luz que el Gobierno propone a partir del 1 de julio

· Carmen Riolobos considera desproporcionada la subida del 9,3% de la luz en los primeros seis meses del año 2008
· “Zapatero ha mentido una vez más a los sufridos consumidores, con una subida de la luz en 2008 que duplica el IPC”
· Asegura que los 22 millones de hogares “agobiados” por los precios de las hipotecas, alimentos, gasolinas y luz pierden calidad de vida de manera continuada y preocupante
· El GPP del Senado presentará una moción en la que se propondrá la devolución del Impuesto Especial sobre la Electricidad en viviendas donde no ha habido consumo efectivo 05,jun,'08.- La portavoz de Consumo del Partido Popular en el Senado y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, ha calificado hoy de “abusiva” la subida del 6% de media, en la tarifa de la luz, propuesta por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, al superar el 4,7 % del IPC y alcanzar una subida intolerable del 9,3 % en los primeros seis meses del año, puesto que la luz ya subió un 3,3 % en enero. Riolobos ha asegurado que “Zapatero ha engañado una vez más a los sufridos consumidores al afirmar que la subida se acercaría al IPC, cuando en realidad la subida total casi duplica esta valor”.

En este sentido, la portavoz popular considera “inaceptable la subida propuesta por el Gobierno, ya que de llevarse a cabo, tendría un notable impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo, si tenemos en cuenta que la estación estival conlleva un alto consumo energético en 22 millones de hogares y en especial, en aquellos con personas enfermas, mayores y niños que no pueden soportar las elevadas temperaturas y necesitan climatizadores”.

La senadora popular ha indicado que el ministro de Sanidad y Consumo tiene la obligación de defender a los consumidores españoles y reclamar al Gobierno que no se suban las tarifas eléctricas por encima del IPC. En este sentido, ha mostrado su preocupación ante la situación de abandono en la que se encuentran los consumidores, puesto que son el último eslabón de la cadena y sobre los que repercute directamente las subidas de los precios. “Los consumidores, agobiados por los altísimos precios de las hipotecas, de los alimentos básicos, de los carburantes y ahora, de la tarifa eléctrica, se sienten impotentes e indefensos y asisten atónitos a la parálisis e insensibilidad del Gobierno para hacer frente al progresivo deterioro en la calidad de vida de los consumidores”. MOCION DEL GPP EN EL SENADO
Ante la denuncia de los Técnicos del Ministerio de Hacienda sobre el cobro indebido por parte de las compañías eléctricas, de un total de 126 millones de euros desde el año 2004, al liquidar el Impuesto Especial sobre la Electricidad cuando no ha habido consumo efectivo, el GPP en el Senado presentará una moción en el pleno del Senado de la próxima semana. En esta moción el Partido Popular pedirá al Gobierno que solicite a las compañías proveedoras del suministro eléctrico, que finalicen la práctica de cobrar el impuesto sobre la electricidad a los consumidores, en aquellos casos en los que no existe consumo eléctrico. También instará al Ejecutivo a que apruebe un crédito extraordinario para que la AEAT practique, en el ejercicio de 2008, las devoluciones de oficio por el cobro indebido del impuesto sobre la electricidad de los últimos cuatro años.

El PP de Suances dice que el ex alcalde “ha traicionado y mentido a los vecinos”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Suances, Pedro Casanova, dijo hoy que el ex alcalde del municipio y actual director general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, el regionalista Francisco Javier Gómez Blanco, "ha traicionado y mentido a los vecinos", tras que éste haya renunciado a su acta de concejal.

"Después de hacer alcalde al candidato socialista, pese a que tuvo la oportunidad de acceder al cargo con el apoyo del PP, el señor Gómez Blanco prometió a sus votantes que no les iba a abandonar y que iba a permanecer defendiendo sus intereses", recordó el portavoz del PP, quien opinó que "con su huída del Ayuntamiento ha confirmado de manera definitiva algo que el Partido Popular ya sospechaba, la Alcaldía de Suances tenía un precio".

Al respecto, Pedro Casanova añadió que, cuando hace un año Gómez Blanco fue nombrado director general de Vivienda, el PP de Suances ya señaló que "ese nombramiento venía a incrementar las sospechas, manifestadas también por muchos vecinos, de que el líder regionalista en el municipio había puesto precio a los votos y a la confianza depositada en el PRC".

En opinión de Pedro Casanova, "el tiempo ha dado la razón a los vecinos y al Partido Popular, los 1.635 electores a los que, según él, iba a defender y a los que no iba a abandonar, le han servido únicamente para mercadear. Ha traicionado a su electorado y se ha convertido en un auténtico mercader de la política".

El portavoz del PP en Suances reiteró que a Gómez Blanco "el Partido Popular le ofreció un acuerdo para que accediera a la Alcaldía y dotar al municipio de la necesaria estabilidad y gobernabilidad, lo que rechazó sin tan siquiera sentarse a hablar". En este sentido Casanova añadió que "su huida del Ayuntamiento confirma la razón de esa actitud y ahora se puede afirmar que si optó por entregar la Alcaldía a los socialistas, fue a cambio de una dirección general".

"Precisamente quien afirmó en su día que no necesitaba tragar con todo por el hecho de cobrar un sueldo del erario público, hoy queda en evidencia y desenmascarado", añadió Pedro Casanova, quien consideró que para Gómez Blanco "todo vale a cambio de un sillón y lo único que le importaba entonces y le importa ahora son sus intereses personales".

Asimismo, el portavoz del PP consideró responsables de la situación a los máximos dirigentes regionalistas. En este sentido añadió que "al margen de mentiras y escenificaciones teatrales, el pacto en Suances entre el PSOE y el PRC se selló a cambio de una dirección general para el líder regionalista".

"Así, con el dinero de todos los cántabros, pagan los dirigentes regionalistas sus pactos y la lealtad de sus cargos", subrayó Pedro Casanova, quien opinó que "esa es la razón de la traición a un electorado que confió en el Partido Regionalista y que hoy se siente engañado y defraudado".

Casanova concluyó diciendo que "no cabe la menor duda de que a partir de ahora las insalvables diferencias entre sodilsitas y regionalistas se han limado notablemente" y lamentó que ese entendimiento "no se haya logrado ni por la responsabilidad de sus protagonistas ni por el bien de Suances, sino porque cada cual ha obtenido su recompensa".